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La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.
Historia
Creación
Fue creada en junio de 1974 (aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973), por el decreto ley N° 521, a cargo del teniente Coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, directamente ligada al mando superior, esto es, a las órdenes y mando directo del General Augusto Pinochet. La DINA tenía facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estadios duraron casi todo el gobierno militar, la DINA tuvo estas facultades durante prácticamente toda su existencia.
El principio rector de esta organización se basaba en la existencia de una guerra interna no declarada contra un enemigo que no daba tregua, esto es, los enemigos del Estado, los grupos políticos de izquierda (socialistas, comunistas, terroristas y organizaciones de extrema izquierda), la sedición marxista, los opositores públicos y para cuya derrota todos los medios, legales e ilegales, estaban permitidos.
Escuela de las Américas
Entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represión, focalizada principalmente en el GAP (Grupo de Amigos Personales de Allende, su guardia personal) con 60 muertos, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) con 400, el Partido Socialista con 400 y el Partido Comunista con 350.
Tortura , secuestro y desparición
La DINA empleó el secuestro y el asesinato justo, como métodos de acción. Muchos de los detenidos siguen hoy desaparecidos como se consigna en el Informe Rettig. Tenía también agentes internacionales, siendo el más significado el mercenario norteamericano Michael Townley, quien planificó los detalles y asesinó mediante atentado con bomba radiocontrolada al general Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina, y del mismo modo al ex-ministro de Relaciones Exteriores de Allende Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos.
Relación de la DINA con la CIA
El Informe Hinchey[1] señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado[2] con el entonces director de la DINA[3]. El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en al represión política interna.”.
”…En sus contactos con Contreras, la CIA lo instó a adherir a la circular del 17 de enero de 1974, emitido por el Ministerio de Defensa, que delineaba las directrices para tratar a los prisioneros en una manera consistente con la Convención de Ginebra de 1949”.
Sin embargo, esta circular, según admitió la propia CIA en el mismo informe, no era más que un “truco de relaciones públicas” de la dictadura militar, que “las fuerzas de seguridad chilenas no respetaban”.
Los escrúpulos humanistas del gobierno norteamericano y sus agentes represores son voladores de luces. En abril de 1975, un comité inter-agencia de Estados Unidos ordenó a la CIA continuar su relación con Contreras, a pesar de llegar a la conclusión de que el jefe de la DINA era ”el principal obstáculo a una política de derechos humanos razonable dentro de la Junta”.
El Embajador de Estados Unidos en Chile instó al Subdirector de la CIA a recibir a Contreras en Washington (agosto de 1975) “en el interés de mantener buenas relaciones con Pinochet”. Mientras que, según señala el informe, ”en mayo y junio de 1975, elementos dentro de la CIA recomendaron establecer una relación pagada con Contreras para obtener inteligencia basada en su posición privilegiada y acceso a Pinochet…”.
La CIA quería de Contreras información sobre la colaboración de los servicios de inteligencia del Cono Sur (Operación Cóndor): ”la cooperación informal, el rastreo, y al menos en algunos casos, el asesinato de opositores políticos”.
En octubre de 1976, dice el informe, ”Contreras confirmó la existencia del Cóndor como una red de intercambio de inteligencia, pero negó que haya tenido algún rol en asesinatos extra-judiciales”. El 5 de diciembre de 2004 Manuel Contreras, reconoció la existencia de vínculos entre la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el cuerpo de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense [4], la cual "instruyó" a los militares chilenos sobre los métodos de persecución de los opositores al golpe de Estado de 1973. Contreras atribuyó además a la CIA el asesinato del vicepresidente del gobierno del socialista Salvador Allende, Carlos Prats, quien junto con su esposa fue víctima de un atentado dinamitero en Buenos Aires en 1974, ejecutado por Michael Townley, un agente de la entidad estadunidense asignado especialmente para el asesinato.
Cuando fue cuestionado también sobre la Operación Cóndor, la que según él, fue "invento" del FBI.
"hubo coordinación de servicios de inteligencia latinoamericanos.pero no como dicen los marxistas: yo no trasladé hombres a matar afuera y no vinieron a matar a Chile. Yo soy militar y hay que defender la soberanía. El único que no entró en esta coordinación fue Colombia, y mire cómo está".Manuel Contreras[5].
Operación Cóndor
Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor copia de la Operación Phoenix[6] de la CIA en Vietnam [7] , en la que cooperaron los diversos organismos de inteligencia de las dictaduras militares latinoamericanas para luchar contra la oposición izquierdista a dichas dictaduras (algunos de cuyos grupos, partidarios del terrorismo y la lucha armada, se encontraban agrupados en la denominada Junta de Coordinación Revolucionaria).
Ya en la segunda mitad de la década de los 70, dice, en los círculos de los exiliados políticos de las dictaduras se hablaba de la Operación Cóndor, y se hacía el símil entre esta coordinación entre regímenes militares con una operación que recibió en nombre de Fénix (Phoenix) que tuvo lugar en Asia y que fue organizada por Estados Unidos, a través de funcionarios como William Colby, quien a la postre fue director de la CIA[8].
Los métodos de tortura, así como el tratamiento otorgado por la DINA a sus prisioneros, se encuentran en la actualidad documentados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura encabezada por el obispo católico Sergio Valech el 2004, cuyos testimonios que constan en el informe serán desclasificados 50 años después de la publicación de aquel.
Fin de la DINA y reemplazo por la CNI
Sólo se detendrían sus acciones al ser reemplazada la DINA por la CNI (Central Nacional de Informaciones) en 1977, y Contreras por el general Odlanier Mena.
El general Contreras, retirado, fue procesado en Chile a causa de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la DINA (concretamente, fue condenado a 12 años de prisión por secuestro calificado, un delito que no había sido amnistiado). Pero el juez Victor Montiglio, que ha reemplazado al juez Juan Guzmán Tapia que hasta ahora estaba el encargado de los jueces en relación con Pinochet, ha amnistiado a Contreras en 2005.
Finalmente, el 30 de junio de 2008, Contreras fue condenado a dos cadenas perpetuas, una por el homicidio de Carlos Prats (ex comandante del ejército chileno) y otra por el de su esposa, Sofía Cuthbert, más una tercera de 20 años de prisión por asociación ilícita, establece la resolución. Ambos asesinatos fueron cometidos en Buenos Aires
Procesos judiciales
Caso Llidó
El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR. El 15 de Mayo del 2003 fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.
Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Marchenko, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brasclay Zapata Reyes.
El 23 de septiembre de 2008, el juez Jorge Zepeda dictó sentencia en primera instancia por el secuestro del sacerdote. Condenó a Manuel Contreras, jefe de la DINA en el momento del secuestro, y a otros 3 agentes de inteligencia del Estado, a siete años de cárcel, y ordenó que el estado chileno cancelara una indemnización de 100 millones de pesos (unos 126.000 euros), por el daño moral, a Josefa Llidó Megual, hermana del sacerdote, que fue representada por el abogado Héctor Salazar.[9]
Caso secuestro y desaparición de la pareja Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto
Flavio Oyarzún y Cecilia Bojanic fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 y llevados al centro de reclusión de la DINA ubicado en José Domingo Cañas. La mujer, que tenía 23 años al momento de ser detenida, se encontraba con cinco meses de embarazo cuando desapareció tras ser detenida en su casa, ubicada en la comuna de La Granja. La pareja tenía un hijo de un año y medio. El 7 de junio 2002 ,la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz, procesó al brigadier (r) y ex agente de la DINA Maximiliano Ferrer Lima como presunto autor del secuestro de la pareja Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)[10]. El procesamiento contra Ferrer Lima dictado por la jueza Díaz es el primero que debe enfrentar el ex oficial en causas que llevan jueces exclusivos, aunque ya antes había sido acusado en calidad de autor por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Caso asesinato de Tucapel Jimenez
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.El Fallo de primera instancia se produce a 20 años del crimen Caso Tucapel Jiménez:
- El fallo,absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
- Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
- Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero [[Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r)]] Carlos Herrera Jiménez.
- Como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima.
- Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
- El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
- Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio.
- Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Operación Colombo
El 4 de enero de 2004 el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.
Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.
Proceso por torturas
El 21 de junio 2005, La Nacion[11] informó que como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima
Ex agentes procesados a honorarios del Ejercito
El 30 de agosto de 2009 ,[12] el diario La Nación denuncio que ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo[13]. También un ex fiscal militar [14]que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.
Véase también
Referencias y Notas de pie
- ↑ Informe Hinchey. ASUNTO: Actividades de la CIA en Chile. 18 de septiembre de 2000. RESUMEN DE LAS FUENTES/METODOLOGÍA. En respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de Inteligencia (Intelligence Authorization Act) para el Año Fiscal 2000 (de aquí en adelante "Enmienda Hinchey"), la Comunidad de Inteligencia (CI), dirigida por el Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie de archivos relevantes de la CIA de ese período, básicamente a partir de recientes búsquedas documentales; estudió gran número de informes del Congreso concernientes a las actividades en Chile en los años 60 y 70; leyó las memorias de figuras clave, incluidas las de Richard Nixon y Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que se encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó a funcionarios de inteligencia en retiro que estuvieron directamente involucrados. Esta amplia base de información otorga una gran fiabilidad a nuestras respuestas a las tres preguntas que se transcriben más abajo. Sin embargo, el cuerpo del informe ofrece un detalle mucho mayor en lo que constituye un esfuerzo para contar la historia de la intervención de la CIA y ubica las respuestas en su adecuado contexto histórico. La Comisión Electa para el Estudio de Operaciones Gubernamentales concernientes a Actividades de Inteligencia , la Comisión Church, llevó a cabo en 1975 una minuciosa revisión de documentación y entrevistas, elaborando un informe que constituye todavía un análisis comprensivo de las actividades de la CIA en Chile en el período comprendido entre 1963 y 1973. La respuesta de la CIA a la Enmienda Hinchey ha de verse como un esfuerzo de buena fe de responder de forma no clasificada a las tres preguntas y no como la historia definitiva de las actividades de los Estados Unidos en Chile a lo largo de los 30 últimos años. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 1. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes y empleados de todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto del asesinato del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. R. No hallamos información alguna -tampoco lo hizo la Comisión Church- en el sentido de que la CIA o la Comunidad de Inteligencia estuvieran involucradas en la muerte del Presidente chileno Salvador Allende. Se cree que se suicidó a medida que los dirigentes del golpe le cercaban. El mayor esfuerzo de la CIA contra Allende se produjo antes, en 1970, en el fracasado intento de bloquear su elección y ascenso a la presidencia. Con todo, la ya larga hostilidad de la administración USA contra Allende y su anterior estímulo a un golpe militar en su contra, eran bien conocidos por los conspiradores golpistas, quienes eventualmente actuarían por su cuenta para expulsarle. 2. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y empleados de todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto del ascenso del General Augusto Pinochet a la presidencia de la República de Chile. R. La CIA apoyó activamente a la Junta Militar tras el derrocamiento de Allende pero no ayudó a Pinochet a asumir la presidencia. De hecho, muchos funcionarios de la CIA compartían amplias reservas albergadas en los Estados Unidos respecto de la enconada persecución del poder por parte de Pinochet. 3. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y empleados de todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales o agentes del ex Presidente Pinochet. R. Muchos de los oficiales de Pinochet estuvieron involucrados en abusos sistemáticos y generalizados a los derechos humanos tras la caída de Allende. Algunos de éstos fueron informantes o agentes de la CIA o del ejército de los Estados Unidos. La CI siguió instrucciones de informar de tales abusos y advirtió a sus agentes chilenos contra este tipo de conducta. Las normas más estrictas de la actualidad en lo que a informes se refiere no estaban en vigor en aquel entonces, y, si lo hubieran estado, suponemos que muchos agentes hubieran sido despedidos. DEBATE. En los años '60 y a principios de los '70, la CIA llevó a cabo proyectos específicos de actividades encubiertas en Chile como parte de la política del Gobierno de los Estados Unidos para intentar influir en los acontecimientos de Chile. Aquellos aquí reconocidos aparecen descritos más abajo. El objetivo arrollador -firmemente anclado en la política de este período- era desacreditar a los líderes políticos marxistas leninistas, especialmente al Dr. Salvador Allende, y fortalecer y animar a sus oponentes civiles y militares para que les impidieran llegar al poder. Panorama de las actividades encubiertas. Bajo la dirección de la Casa Blanca y los comités de coordinación de política inter agencias, la CIA llevó a cabo las actividades encubiertas descritas más abajo. Consistieron en esfuerzos propagandísticos sostenidos, incluyendo el apoyo financiero a los mayores medios de comunicación, en contra de Allende y otros marxistas. Los proyectos de acción política brindaron apoyo a los partidos políticos elegidos para tal fin antes y después de las elecciones de 1964 y tras la elección de Allende en 1970. En abril de 1962, el "Grupo Especial del Panel 5412" ("5412 Panel Special Group") -un cuerpo del subgabinete encargado de revisar las propuestas de acciones encubiertas- aprobó una propuesta para llevar a cabo un programa de ayuda financiera encubierta al Partido Demócrata Cristiano (PDC) en sustento de la candidatura presidencial de Eduardo Frei en 1964. Asimismo, en 1962, la CIA comenzó a prestar apoyo a un grupo de acción cívica que desarrolló diversas actividades de propaganda, incluyendo la distribución de pósters y panfletos. En diciembre de 1963, el Grupo 5412 acordó una ayuda económica en un único pago al Frente Democrático, una coalición de tres partidos que agrupaba de moderados hasta conservadores, en apoyo a la campaña presidencial del Frente. En abril de 1964, el Grupo 5412 aprobó un programa de acción política y propagandística para las entonces próximas elecciones presidenciales de septiembre de 1964. En mayo de 1964, tras la disolución del Frente Democrático, la "Comisión 303", sucesora del Grupo 5412, acordó brindar al Partido Radical ayuda encubierta adicional. En febrero de 1965, la Comisión 303 aprobó una propuesta para otorgar apoyo encubierto a los candidatos, seleccionados a tales efectos, a las venideras elecciones al Congreso. En 1967 la CIA estableció un mecanismo de propaganda para colocar cuñas en radio y medios de comunicación. En julio de 1968, la Comisión 303 aprobó un programa de acción política en apoyo de candidatos moderados, individuales, que concurrían a las elecciones legislativas de 1969. Como resultado de las actividades de propaganda del año 1968, en 1969 la "Comisión 40" (sucesora de la Comisión 303), aprobó el establecimiento de un taller de propaganda. En la campaña para las elecciones presidenciales de 1970, la Comisión 40 ordenó a la CIA que llevara a cabo "operaciones de sabotaje" para impedir la victoria de Allende. Como parte de la estrategia conocida como "Plan de Acción I" y dirigida a impedir que Allende tomara posesión de su cargo tras las elecciones del 4 de septiembre, la CIA pretendió influir en la votación que había de hacerse en el Congreso por requerimiento constitucional, ya que Allende no ganó las elecciones por mayoría absoluta. En el marco de la estrategia conocida como "Plan de Acción II", a la CIA se le ordenó buscar el modo de promover un golpe que impidiera a Allende tomar posesión del cargo (ver exposición más abajo). Mientras Allende estaba en la presidencia, la Comisión 40 aprobó la reorientación de las operaciones del "Plan de Acción I", lo cual, combinado con un renovado esfuerzo para apoyar al PDC en 1971 y un proyecto para suministrar ayuda al Partido Nacional y al Partido Radical Democrático en 1972, se tradujo en la inyección de millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de oposición. La CIA también suministró ayuda a grupos militantes de extrema derecha para debilitar al Presidente y generar una atmósfera de tensión. Apoyo al Golpe de 1970. Bajo el "Plan de Acción II" de la estrategia, la CIA buscaba promover un golpe que impidiera a Allende tomar posesión del cargo después de que éste obtuviera la mayoría en las elecciones del 4 de septiembre y antes de que el Congreso chileno ratificara su victoria, requisito éste derivado de la Constitución al no haber obtenido una mayoría absoluta. La CIA trabajó con tres grupos diferentes de conspiradores. Los tres grupos dejaron claro que cualquier golpe requeriría el secuestro del Comandante del Ejército, Rene Schneider, quien era de la firme opinión de que la Constitución requería que el Ejército permitiera a Allende asumir el poder. La CIA estuvo de acuerdo con esta aseveración. Si bien la CIA suministró armas a uno de los grupos, no hemos hallado información en el sentido de que la intención de los conspiradores o de la CIA fuera la de asesinar al General. En un momento posterior se suprimieron los contactos con uno de los grupos de conspiradores debido a sus tendencias extremistas. La CIA suministró gas lacrimógeno, subametralladoras y munición al segundo de los grupos. El tercer grupo intentó secuestrar a Schneider, hiriéndole de muerte en el ataque. La CIA había animado a este grupo, con anterioridad, a dar un golpe, pero retiró su apoyo cuatro días antes del ataque porque, conforme a la evaluación hecha por la Agencia, el grupo no llevaría a cabo la empresa exitosamente. Conocimiento de la conspiración para el golpe de 1973. Aunque la CIA no instigó el golpe que terminó con el Gobierno de Allende el 11 de septiembre de 1973, estaba al corriente de la maquinación del mismo por parte de los militares, tenía relaciones para recabar información de inteligencia con algunos de los conspiradores, y dado que la CIA no desalentó la toma del poder por los golpistas y había instigado un golpe en 1970, apareció probablemente como que lo toleraba. No había manera de que nadie, incluyendo la CIA, pudiera haber sabido que Allende rechazaría la oferta de los golpistas de sacarle sano y salvo del país y de que, en cambio -con el Palacio de la Moneda en llamas y bajo el fuego de los tanques y el bombardeo de la aviación- optaría por quitarse la vida. Conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios de la CIA estaban al corriente e informaron a analistas y políticos en 1973 que el General Pinochet y las fuerzas que terminaron con el Gobierno de Allende estaban llevando a cabo una dura campaña en los meses que siguieron al golpe contra militantes de izquierdas y todos aquellos tenidos por enemigos políticos. Las actividades de algunos servicios de seguridad hacían prever un esfuerzo a largo plazo para suprimir a los oponentes. En enero de 1974, a los funcionarios de la CIA y personal a su servicio se les encargó rendir informes sobre las violaciones de los derechos humanos a manos del Gobierno chileno. Nexo con los servicios de seguridad chilenos. La CIA tenía vínculos relacionales en Chile con el propósito principal de asegurar la colaboración a la hora de recabar información de inteligencia sobre blancos externos. La CIA ofreció asesoría a estos servicios en organización interna y entrenamiento en el combate contra la subversión y el terrorismo desde el extranjero, no en el combate contra los oponentes internos al Gobierno. La CIA utilizó también este vínculo para advertir a estos servicios en relación con los abusos a los derechos humanos en Chile. La comunidad política y la CIA reconocieron que estas relaciones abrieron la puerta a la posible identificación de la CIA con las operaciones internas de los servicios de enlace que llevaban aparejados abusos a los derechos humanos, pero concluyeron que el contacto era necesario para la misión de la CIA. Propaganda en apoyo al Régimen de Pinochet. Tras el golpe de septiembre de 1973, la CIA suspendió la financiación para nuevas operaciones encubiertas pero continuó con algunos proyectos de propaganda ya en marcha, incluyendo ayuda para los medios de comunicación comprometidos con generar una imagen positiva de la Junta Militar. Individuos chilenos que habían colaborado con la CIA pero que no actuaban bajo la dirección de la misma contribuyeron a la preparación del "Libro Blanco", un documento con el que se buscaba justificar el derrocamiento de Allende. Contenía la alegación de que los militantes de izquierdas tenían un plan secreto, el "Plan Z", para asesinar al alto mando en los meses anteriores al golpe, cosa que la CIA creyó ser probablemente una desinformación proveniente de la Junta. Conocimiento de la "Operación Cóndor". En el año posterior al golpe, la CIA y otras agencias del Gobierno de los Estado Unidos estaban al tanto de la existencia de una cooperación bilateral entre los servicios de inteligencia de la región para el seguimiento de actividades de, y, al menos en varios casos, asesinar a, oponentes políticos. Esta cooperación sería la precursora de la Operación Cóndor, un acuerdo establecido en 1975 para el intercambio de inteligencia entre Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- ↑ Contreras cuenta sus relaciones con la CIA y con el mundo que lo rodea en Punta Peuco Lilian Olivares La Segunda, 29 de septiembre 2000
- ↑ Informe Hinchey incluye otros antecedentes: 1.la CIA tenía como agente permanente a sueldo al director de la DINA, Manuel Contreras, y de hecho le efectuó un pago en 1975.2.el general Sergio Arellano Stark ordenó la ejecución de 21 presos políticos en octubre de 1973, en el recorrido criminal de la Caravana de la Muerte.
- ↑ La Jornada de México - 6 de diciembre de 2004
- ↑ La Jornada de México - 6 de diciembre de 2004
- ↑ Desde 1965-68, la CIA y la inteligencia sudvietnamita mantuvieron listas permanentes de cuadros del VietCong marcados para asesinarlos (se llamaba neutralizar al asesinato) . La Operación Phoenix en 1969 tenia como meta "neutralizar" 1800 vietnamitas al mes. Aproximadamente 1/3 de los vietnamitas detenidos fue asesinado. Los Boinas Verdes y los SEAL de la Marina eran los escuadrones de asesinato de la Operación Phoenix El gobierno norteamericano a traves de CORDS (1/68 hasta 5/71 )reportó a 20,857 vietnamitas asesinados. En el mismo periodo el Gobierno de Vietnam reportó a 40,994 asesinados por el mismo concepto. Despues de la guerra , el Ministro Norvietnamés Nguyen Co Thach afirmó que el programa de asesinatos de la CIA habia acabado con 21,000 personas listadas por la CIA. En elgunas partes del Sur, hasta el 95% de los cuadros comunistas o conectados con ellos fue asesinados por Phoenix. Manning, R., (ed), (1988), War in the Shadows: the Vietnam Experience, 72. De acuerdo al departamento de Estado de VietNam , 26,369 sudvietnamitas fueron asesinados por Phoenix mientras estaban en poder de las fuerzas norteamericanas (Enero 68 a Agosto 72 ). La misma fuente da 33,358 detenidos sin cargos ni juicios en el mismo periodo. El Director de la CIA Colby en 1973 admitió 20,587 asesinatos hasta fines de 1971 , 28,978 capturados, y 17,717 "traspasados" a Saigon . Lo que sigue dando que el 30% marcados fue asesinado. Toda la estadistica Phoenix desaparece despues de que el control "oficial" norteamericano de la operación desaparece. Counterspy (Primavera Verano 75 8). En 1975 la Revista Counter-spy describió a la Operación Phoenix como "the most indiscriminate and massive program of political murder since the nazi death camps of world war two(El programa de asesinato político mas indiscriminado y masivo desde los campos de exterminio nazi de las Segunda Guerra)." Counterspy Primavera/Verano 75-6. En 1982 un Ex-operativo Phoenix revelo que se asesinaron muchos militares norteamericanos que eran considerados riesgos para la seguridad. El sospechaba que las ordenes venian desde la CIA o la ONI. Covert Action Information Bulletin (ahora Covert Action Quarterly) Verano 82 52. El Comité del Senado presidido por Frank Church revela que la Operación Phoenix asesinó a mas de 20,000 personas, (Fuente:65-72 U.S. Congress,Church Committee Report. (1976) B 1 27.) En Julio de 1971 , el Director de la CIA Colby entrega un informe al Representante Reid informando que 67,282 personas habian sido"neutralizadas" por Operaciones Phoenix entre 1968-71 De ellas el 31% habia sido inmediatamente asesinada, 26% trasferida ( y asesinada), y 43% capturada o sentenciada. ( Fuente: Frazier, H. (ed). (1978). Uncloaking the CI, 18.) La operacion Phoenix fue un fiasco, inmanejable y se desbordó por abusos desastrosos. (Fuente Valentine, D. (1990), The Phoenix Program, 323.) De acuerdo a Frank Snepp en su libro "Decent Interval" publicado en 1975 mas de 30.000 policias ,agentes CIA y empleados relacionados con Phoenix fuero dejados atrás cuando Vietnam del sur cayó.La estación CIA de Saigón ayudó a 537 de sus 1900 empleados Vietnamitas incluyendo a 1000 empleados gubernamentales de alto rango los que mantuvieron relaciones estrechas con la Agencia por años.(Fuente: Covert Action Information Bulletin ( Covert Action Quarterly) 6-7/79 4.). Entre 1965-69 los esfuerzos de "pacificación" contrainsurgencia comenzados por los franceses culminaron en la operacion Phoenix Phoenix diseñada para eliminar la infraestructura del Viet Cong . Aceptada oficialmente en 1968, Phoenix representó la masificación de las operaciones decontrainsurgencia e involucró "encacelamientos masivos, tortura y asesinato." ( Fuente Countersp 5/73 20)
- ↑ De hecho muchos d elos operativos Phoenix como Theodore Shackley, David Sánchez Morales o Félix Rodríguez fueron trasladados desde Vietnam a América Latina en relacion a la subida de Allende al poder
- ↑ Operación Cóndor; Pacto Criminal, libro de la periodista y escritora Stella Calloni
- ↑ Jorge Escalante. Condena por sacerdote español, diario La Nación de Chile, Martes 23 de septiembre de 2008, edición digital.
- ↑ Viernes 7 de Junio 2002 El Mostrador Jueza exclusiva procesó a Maximiliano Ferrer Lima
- ↑ 21 de Junio 2005 La Nacion Procesan por torturas a plana mayor de la DINA
- ↑ La DINA a honorarios
- ↑ El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional". Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis. Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.
- ↑ Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Enlaces externos
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