Según Jake Snow, de la ACLU del Norte de California, las grandes empresas tecnológicas están tomando prestada una página del manual de jugadas de las grandes tabacaleras para librar una guerra contra tu privacidad. Estamos de acuerdo.
En la década de 1990, la industria tabaquera intentó utilizar la legislación federal para anular una amplia franja de leyes estatales vigentes e impedir que los estados tomaran medidas en el futuro en esos ámbitos. Para las grandes tabacaleras, se trataba del "Programa de acomodación", una campaña nacional cuyo objetivo final era anular las leyes estatales sobre el consumo de tabaco en espacios cerrados con una ley federal más débil. Las grandes tecnológicas lo intentan ahora con proyectos de ley federales sobre privacidad, como la American Privacy Rights Act (APRA), que anularía muchas leyes estatales sobre privacidad.
En "Big Tech is Trying to Burn Privacy to the Ground-And They're Using Big Tobacco's Strategy to Do It", Snow esboza un proceso de tres pasos que ambas industrias han utilizado para debilitar las leyes estatales. Enfrentadas a una crisis de relaciones públicas, las industrias:
- Enturbiar las aguas presentando varios proyectos de ley débiles en diferentes estados.
- Quejarse de que son demasiado confusas para cumplirlas,
- Pedir que se "adelanten" los esfuerzos de las bases.
El "derecho preferente" es una doctrina jurídica que permite a un nivel superior de gobierno sustituir el poder de un nivel inferior (por ejemplo, una ley federal puede prevalecer sobre una ley estatal, y una ley estatal puede prevalecer sobre una ordenanza municipal o de condado).
La EFF tiene una postura clara al respecto: nos oponemos a las leyes federales de protección de la intimidad que prevalecen sobre las protecciones estatales actuales y futuras, especialmente por una norma federal inferior.
El Congreso debe establecer una línea de base a nivel nacional para la privacidad, pero no debe quitar a los estados la capacidad de reaccionar en el futuro a los problemas actuales e imprevistos. A principios de este año, la EFF se unió a la ACLU y a docenas de organizaciones de derechos humanos y digitales para oponerse a las secciones preventivas de la APRA. La carta señala que, "el enfoque más sólido para evitar los daños de la anticipación es establecer el estándar federal como una línea de base nacional para las protecciones de privacidad - y no un techo." EFF lideró un esfuerzo de coalición similar en 2018.
Las empresas que recopilan y utilizan nuestros datos -y que han trabajado para acabar con las leyes estatales de protección de la intimidad una y otra vez- quieren hacer creer al Congreso que un "mosaico" de leyes estatales es inviable para la privacidad de los datos. Pero muchas de las leyes federales vigentes en materia de privacidad, derechos civiles, etc. funcionan como niveles mínimos de regulación y no impiden que los estados promulguen y apliquen sus propias leyes más estrictas. Las quejas sobre este "mosaico" forman parte desde hace tiempo de la estrategia tanto de las grandes tecnológicas como de las tabacaleras.
Los Estados han sido durante mucho tiempo los "laboratorios de la democracia" y han liderado el desarrollo de una legislación innovadora en materia de privacidad. Por ello, las leyes federales deben establecer un suelo y no un techo, sobre todo ante la rápida aparición de nuevos retos. La primacía dejaría a los consumidores con protecciones inadecuadas, y los dejaría en peor situación de la que estarían en ausencia de legislación federal.
A pesar de los denodados esfuerzos de las grandes tabacaleras, el Congreso nunca ha desautorizado a los Estados para promulgar leyes antitabaco. Así pues, hay esperanzas de que las grandes empresas tecnológicas tampoco puedan interferir en la legislación estatal sobre privacidad. La EFF seguirá luchando contra la primacía para garantizar que los Estados puedan proteger eficazmente a sus ciudadanos.
Lea el artículo de Jake Snow aquí.
